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El Ayuntamiento de Astigarraga cree que la denuncia de la delegación del gobierno por la contratación de una empresa para la asistencia en la inspección fiscal no tiene ningún sentido

[Miércoles, 11 Febrero 2015 09:46]

La denuncia presentada por el Delegado del Gobierno del estado español sobre la inspección fiscal no ha inquietado a los responsables municipales y mantienen que este es el único modo para certificar que no existe fraude fiscal en Astigarraga, tal y como vienen realizando otros ayuntamientos de Gipuzkoa.

El Equipo de Gobierno de Astigarraga aprobó en mayo realizar un concurso público para la contratación de una empresa que colaborase en la inspección fiscal. Tras el concurso, se adjudicó esta labor de asistencia a la empresa Gesmunpal que está ejerciendo esta labor junto al Interventor municipal desde verano investigando posibles irregularidades en el cobro del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El delegado del gobierno ha presentado una denuncia rechazando esta contratación y el Ayuntamiento de Astigarraga defenderá en las instancias correspondientes su proceder, convencido de su legalidad.  

El Ayuntamiento de Astigarraga optó por convocar este concurso porque hoy en día no dispone de los suficientes recursos en personal para realizar la inspección fiscal de manera adecuada. El Ayuntamiento no ha tomado medidas hasta ahora para prevenir el fraude fiscal y, en consecuencia, se sospecha que podrían existir algunos casos.

El Secretario Interventor es el encargado de realizar la inspección fiscal, quien inicia el procedimiento y lo finaliza, y así seguirá siendo también a partir de ahora. Por lo tanto, frente a lo afirmado por la delegación del gobierno, toda la responsabilidad de la inspección seguirá recayendo sobre un funcionario público. La carga laboral que soporta actualmente no permite que pueda asumir la inspección fiscal en su totalidad, y se decidió proceder a esta contratación para darle asistencia durante el procedimiento. Hay que tener en cuenta que los expedientes de la inspección deben ser instruidos con absoluta transparencia y rectitud, sin lugar a ningún error o defecto, ya que ante cualquier falta todo el trabajo se puede ir al traste por un defecto de forma.

Es destacable que el gobierno español prohíbe a los Ayuntamientos contratar personal y, cuando se realiza una contratación pública para luchar contra el fraude fiscal (porque no se puede proceder a contratar personal propio para el Ayuntamiento), el delegado del gobierno denuncia al consistorio. Parece que el único objetivo del delegado del gobierno es que no se haga frente al fraude fiscal.

Los/as responsables del Ayuntamiento de Astigarraga han manifestado su convencimiento de que han dirigido todo el procedimiento con corrección y están convencidos de que la razón les asiste en este tema. Por ello mismo, la denuncia de la delegación de gobierno no les ha producido alteración alguna y defenderán ante la instancia correspondiente el procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento. La denuncia al Ayuntamiento no es la única, y existen además otros muchos ayuntamientos que han venido utilizando este método, y que no han recibido denuncia alguna.

Pese a esta denuncia, el gobierno municipal mantiene su firme compromiso de hacer frente a cualquier fraude, y con ese objetivo, dispondrán de los recursos necesarios y emplearán los procedimiento adecuados para conseguir una Astigarraga más justa y solidaria.

Para terminar, solicitar al delegado del gobierno en Gipuzkoa que abandone su obsesión contra algunas administraciones que simplemente realizan su trabajo por los/as ciudadanos/as de la mejor manera posible.

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